Dirigentes del PSOE y de la Junta están convencidos de que Alaya pedirá esta semana la imputación de Chaves y Griñán

por La voz del pueblo

José Antonio Griñán y Manuel Chaves. // LAURA LEÓN

ANTONIO AVENDAÑO 

En el PSOE andaluz está bastante extendida la convicción de que la jueza instructora del caso de los ERE planea elevar esta semana al Tribunal Supremo un auto solicitando la imputación del expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves


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y del todavía presidente, José Antonio Griñán, a quienes Alaya considera responsables de haber urdido o consentido un procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales ilegal, dotado desde 2001 y a lo largo de casi diez años con más de 700 millones de euros. Al mismo tiempo, fuentes conocedoras en profundidad de los entresijos de la instrucción han trasladado a andalucesdiario.es su convencimiento en el mismo sentido: piensan que Alaya dará antes del 1 de agosto el paso de promover la imputación de los dos dirigentes. Lo piensan pero no están seguras al cien por cien de lo que hará la jueza: “Lo que hará finalmente solo lo sabe ella y nadie más”.

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Aunque algunos consejeros del Gobierno andaluz también comparten ese convencimiento, otros compañeros del Consejo piensan, en cambio, que Alaya no tramitará esas imputaciones de aforados porque “se le hundiría el sumario”, dado que entonces la parte del caso que afecta a los aforados pasaría al Supremo y la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla perdería precisamente el interrogante de la instrucción que con más ahínco intenta despejar: que los dos últimos presidentes del Gobierno andaluz, los consejeros y viceconsejeros de Empleo y de Hacienda durante la década de 2000, diversos altos cargos de esos departamentos y el propio interventor general de la Junta en esos años merecen ser procesados por prevaricación y malversación de fondos públicos por haber aprobado o consentido ese procedimiento de concesión de ayudas. La jueza está convencida de que el Gobierno andaluz ideó ese procedimiento sin fiscalización previa para poder dar dinero a quien considerara oportuno hacerlo.

En la actualidad, casi 6.000 trabajadores andaluces fuera de toda sospecha están cobrando sin sobresaltos su prejubilación con cargo a las partidas presupuestarias sucesivamente aprobadas bajo el epígrafe 31.L. Pero también ha habido otros beneficiarios, estos sí altamente sospechosos, que se habrían llevado, según la investigación, al menos 136 millones de euros: 50 de ellos corresponden a intermediarios y comisionistas que habrían cobrado muy por encima de lo estipulado por la ley; 73,8 millones más habrían sido en ayudas concedidas a empresas que no tenían derecho a ello; y los 12,3 millones restantes los cobraron 126 falsos trabajadores de empresas acogidas a ERE financiados por la Junta.

EL 31 DE AGOSTO, VÍSPERA DEL DEBATE SOBRE BÁRCENAS

Personas con altas responsabilidades en el partido y en el Gobierno creen que Alaya formulará su petición al Supremo el próximo miércoles, 31 de agosto, víspera de la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones del caso Bárcenas de corrupción en el Partido Popular.

Pero si el desasosiego es compartido en todos los ámbitos institucionales y orgánicos, no ocurre lo mismo con el convencimiento ante lo que hará la jueza. Frente a los que están seguros de que habrá “traca final” antes de las vacaciones, hay quienes creen que, una vez conocida la declaración judicial del exinterventor Manuel Gómez, la jueza sigue sin tener indicios suficientes sobre Chaves ni Griñán para promover una imputación que, independientemente de su recorrido penal, tendría un fortísimo impacto político aunque, más adelante, fuera tumbada por el Supremo.

Los dirigentes más escépticos sobre la fecha del 31 de agosto y cuya opinión ha podido conocer andalucesdiario.es no dudan, en cambio, de que tales propuestas de imputación llegarán, pero no ahora, sino después de que la jueza interrogue a la última tanda de veinte imputados, entre los cuales figura la exministra y exconsejera de Economía Magdalena Álvarez o el viceconsejero de Presidencia Antonio Lozano. Este grupo de responsables piensa que la jueza no renunciará a “la gloria personal” de obligar a todos ellos a “hacer el paseíllo” ante su juzgado. Además añaden que “no es racional” promover una imputación para la que “no hay base ni razones”.

¿Hay realmente razones para tramitar la imputación de los dos expresidentes y seguramente también la del exconsejero de Empleo y diputado en las Cortes por Sevilla José Antonio Viera? Imposible dar una respuesta puramente técnica que sea compartida por unos y otros. La declaración del exinterventor Manuel Gómez no ha arrojado nuevos datos concluyentes, si se exceptúa el convencimiento de Gómez de que sus reiterados informes con los reparos al procedimiento no deberían haber caído en saco roto ni en la Consejería de Empleo ni en la de Hacienda. Pero ese convencimiento difícilmente cabe convertirlo en prueba de cargo que el Supremo aceptara sin resistencias, pues a fin de cuentas Gómez también repitió una y otra vez a Alaya que el procedimiento era inadecuado pero no ilegal.

LA POSICIÓN DEL INTERVENTOR

La posición del interventor sobre el fondo del asunto puede resumirse en estas palabras contenidas en el acta de su declaración: “Si la Dirección General de Trabajo hubiera gestionado correctamente las subvenciones, con respeto a la Ley de Subvenciones y demás normas financieras, ninguno estaríamos ahora en este procedimiento, aunque sigo pensando que ha sido una mala práctica presupuestaria, por arriesgada”.

El pasado viernes el número dos de los socialistas andaluces, Mario Jiménez, defendía en una entrevista a la agencia EFE, dando pie a una catarata de especulaciones y conjeturas, que el caso sea elevado al Tribunal Supremo “como única vía para que haya justicia” porque en la instrucción se está haciendo “un juicio político” y esa opción evitaría “juicios públicos a personas muy concretas”, en referencia al presidente de la Junta, entre otros, “sin que se les dé la posibilidad de defenderse”.

Las palabras de Jiménez encontraron muy pronto eco en el Partido Popular. La vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del PP-A, Ana Corredera, consideró al día siguiente que “la reacción del PSOE-A pone evidencia que la acción de la justicia les está atropellando y que, a la defensiva, en sus últimos coletazos, están perdiendo los papeles”. A su juicio, la petición del vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, para que el caso de los ERE pase de manos de la juez Mercedes Alaya al Alto Tribunal “evidencia que el PSOE está dando implícitamente por imputado a Griñán”, según informó Europa Press.

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