¿Ilegalizar al PP y al PSOE?

por La voz del pueblo

Escrito por Carlos Martínez-Cava

¿Qué hacer cuando los partidos políticos dominantes están envueltos en corrupción? ¿Qué hacer cuando se demuestra que no son conductas individuales, sino tramas organizadas dentro de esos mismos partidos? ¿Cómo pueden los españoles defenderse cuando hasta las urnas convalidan a partidos profundamente envilecidos por conductas al margen de la ley?

La acción de la Justicia ha ido desvelando en torno a los dos grandes partidos auténticas tramas de crimen organizado que colocan la discusión en el plano, no ya personal de la imputación de delitos a personas concretas, sino en señalar a determinados partidos como instrumentos organizados para su comisión.

A la espera de la finalización de los procesos abiertos y de la Sentencia que así lo determine, todo lo revelado hasta ahora nos revela que se organizaron tramas de extorsión, comisiones ilegales, sobornos, malversaciones, prevaricaciones y cohechos con la finalidad última de financiar el partido a la vez que enriquecerse personalmente algunos de sus autores. Eso podría situar a esos partidos en riesgo de de considerarse candidatos a procesos de ilegalización y disolución si quien esté legitimado para iniciar la acción la ejercita debidamente.

Aunque se haya negado que un partido político pueda ser calificado o encuadrado como “asociación” a efectos penales, tanto para la Ley de 1978, como para la actual, los partidos políticos pueden ser asociaciones que incurran en ilicitud penal.

El código de 1995 tipificó las asociaciones ilícitas y las declaró punibles las que tengan por objeto cometer algún delito, o después de constituidas, promuevan su comisión. Y aunque es tradición jurídica que las personas jurídicas no son penalmente responsables, hay ya una solida tendencia a atribuir responsabilidades a las personas jurídicas como instrumento más eficaz en la lucha contra el crimen organizado. Tanto en Francia, como en la Unión Europea se recomienda que las personas jurídicas sean consideradas responsables, bien penalmente, bien administrativamente de ciertas actuaciones ilegales.

Nuestro Tribunal Constitucional habría avalado esta tesis en su Sentencia 150 de 1989, al decir que “[…] obviar la impunidad en la que quedarían las actuaciones delictivas perpetradas bajo el manto de una persona jurídica por miembros de la misma perfectamente individualizables, cuando por tratarse de un delito especial propio, es decir, de un delito cuya autoria exige necesariamente la presencia de ciertas características, éstas únicamente concurrieren en la persona jurídica y no en sus miembros integrantes[…]”.

En ese estricto campo de la ilicitud penal asociativa, habrá de existir una imputabilidad suficiente de las actividades delictivas a la asociación –al partido político- en cuanto tal. No basta con que miembros de la asociación cometan delitos ni que esporádicamente sean predicables de alguno de sus dirigentes. El Tribunal Supremo ha marcado el criterio de la finalidad delictiva:

“[…] Ha de ser la querida y pretendida por la propia asociación, no por el propósito individual de alguno de sus miembros, finalidad que no sólo ha de estar claramente establecida sino que además, supone que la organización asociativa venga estructurada para la consecución de los fines por ella previstos (STS 28-10-1997) […]”

¿Quién podría promover la ilegalización de estos partidos convertidos en instrumentos de delito? El Gobierno y el Ministerio Fiscal únicamente. Por lo que, si el partido en el gobierno es el objetivo a ilegalizar, la legitimación correspondería a la Fiscalía convertida de este modo en el “vigilante de los vigilantes”. Y ello podría suceder por iniciativa de la propia Fiscalía (cuestión dudosa en el devenir democrático español), o por una acción de denuncia de colectivos ciudadanos de la suficiente entidad y contundencia como para que la Fiscalía actuara.

¿Cuándo estaríamos legitimados los españoles para iniciar esa acción? Cuando las Sentencias que se dicten determinen que ha habido financiación ilegal y que no estamos ante supuestos penales de personas concretas y aisladas (como ya ahora pretenden que ocurra con Bárcenas o los cuatro golfos de los ERE en Andalucía).

Por cierto, esta reflexión es igualmente válida para quienes convirtieron el caso Palau y la trama de las ITV en máquinas, no sólo de enriquecer a determinadas familias, sino en instrumentos igualmente de crimen.

Continuará.

Carlos Martínez Cava – Twitter: @cmcava – Artículo publicado en Sierra Norte Digital

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